Un enfrentamiento encubierto se desarrolla actualmente entre los servicios de inteligencia rusos y las agencias de seguridad occidentales, en torno a la custodia de Yaroslav Mikhailov, un ciudadano ruso de 37 años. Mikhailov es sospechoso de haber coordinado ataques con paquetes incendiarios en Europa en 2024. La disputa involucra a países como Azerbaiyán, Polonia, Gran Bretaña, Ucrania y Lituania, y refleja la creciente importancia de agentes interpuestos en la estrategia de “guerra híbrida” impulsada por el Kremlin, según fuentes y documentos analizados por The Washington Post.

Origen y desarrollo del caso

El caso salió a la luz tras una serie de ataques en julio de 2024, cuando envíos manipulados con temporizadores y compuestos de magnesio cruzaron las fronteras europeas sin ser detectados, provocando incendios en depósitos en Alemania, Polonia y el Reino Unido. Fuentes de seguridad de cinco países occidentales indicaron a The Washington Post que Mikhailov diseñó los artefactos, coordinó las operaciones desde Europa y logró escapar utilizando un pasaporte falso hacia Azerbaiyán. Al menos 20 personas enfrentan cargos en Lituania y Polonia relacionados con la trama.

Presión diplomática y solicitudes de extradición

Altos funcionarios consultados por The Washington Post revelaron que los jefes de las principales agencias rusas —el FSB, SVR y GRU— han ejercido presión directa sobre el gobierno de Bakú para que extradite a Mikhailov a Rusia. Esto sucede en competencia con una solicitud formal presentada por Polonia a través de Interpol, en la que se acusa al sospechoso de “actividades terroristas” por orden de los servicios secretos rusos. Tanto Polonia como otros países europeos han solicitado a Azerbaiyán que rechace la repatriación a Rusia.

El Kremlin, a través de su portavoz Dmitry Peskov, declinó hacer comentarios sobre el caso. Tampoco la cancillería de Azerbaiyán ha emitido declaraciones públicas, según informaron fuentes a The Washington Post.

Perfil y actividades del sospechoso

Las investigaciones europeas describen a Mikhailov como parte de una nueva generación de operativos reclutados por el GRU, provenientes de organizaciones criminales. Se destaca por su flexibilidad y amplios contactos, desempeñando un papel clave como enlace entre agentes rusos y reclutas locales. Gestionaba sus movimientos y enviaba instrucciones a través de Telegram, y algunos de sus colaboradores, jóvenes con antecedentes penales, recibían pagos en criptomonedas de escaso valor.

Evidencias y conexiones

El rastro digital de Mikhailov permitió identificar a un presunto contacto ruso, conocido como “Warrior”, vinculado a Aleksey Kolosovskiy, supuesto integrante del grupo de hackers Killnet, cercano al GRU y dedicado a ataques cibernéticos, según fuentes oficiales. Kolosovskiy negó cualquier implicación y afirmó desconocer a Mikhailov.

Planes y potenciales nuevas amenazas

Documentos analizados por The Washington Post y las autoridades europeas indican que Rusia habría planeado ampliar estas acciones, utilizando la misma red para posibles nuevos atentados. Se hallaron materiales explosivos altamente peligrosos camuflados como objetos cotidianos y se identificaron conexiones con exmilitares y ciudadanos lituanos encargados de distribuir los paquetes. La utilización de intermediarios permitió al Kremlin mantener una negación plausible y reducir el riesgo para sus agentes oficiales.

Impacto y riesgos internacionales

Este episodio generó preocupación en Estados Unidos y en varios países europeos, quienes consideran estos intentos como algunos de los más peligrosos de sabotaje y terrorismo atribuidos a Rusia en suelo europeo. En caso de que los artefactos hubieran explotado en pleno vuelo, los daños habrían sido catastróficos. Además, se investiga si la operación buscaba extenderse a Estados Unidos y Canadá, lo que llevó al entonces director de la CIA, William J. Burns, a confrontar a sus homólogos en Moscú.