Seúl exige protección tras ola de detenciones en redada de ICE que paraliza inversión surcoreana en EE. UU.

Corea del Sur exige protección para sus ciudadanos e inversores tras redadas migratorias en EE.UU.

El gobierno de Seúl ha expresado su preocupación tras la detención de cientos de trabajadores durante una operación policial en una planta de baterías de Hyundai-LG en Georgia. La redada, llevada a cabo por las autoridades migratorias estadounidenses, provocó la suspensión temporal de las obras en la sitio de construcción, generando alarma en el país asiático.

Respuesta oficial y contexto de las detenciones

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur reclamó el respeto por los derechos de sus ciudadanos y empresarios afectados. En un comunicado, el portavoz Lee Jaewoong manifestó que las actividades comerciales y los derechos de los nacionales no deben ser vulnerados en el proceso de aplicación de la ley en EE.UU. La operación, que ocurrió el día anterior, habría resultado en la detención de aproximadamente 300 a 560 trabajadores, según diferentes informes mediáticos y fuentes oficiales.

La oficina del Departamento de Justicia en Atlanta informó que unas 450 personas fueron arrestadas en total, mientras que medios coreanos como Korea Economic Daily indicaron que la cifra podría haber alcanzado a 560 empleados. La mayoría de los detenidos son empleados de la planta de Hyundai Motor y LG Energy Solution, con alrededor de 300 de ellos siendo ciudadanos surcoreanos.

Impacto en la inversión extranjera y respuesta diplomática

Este incidente evidencia el impacto de la política migratoria del presidente Donald Trump, quien ha intensificado las operaciones de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras recibir mayor financiamiento y mayores facultades para realizar redadas. Aunque Trump ha declarado que su objetivo es deportar a criminales peligrosos, las cifras muestran un aumento en las detenciones de personas sin antecedentes delictivos.

El gobierno surcoreano ha movilizado a diplomáticos en Washington y Atlanta para gestionar la situación, además de planear la formación de un equipo de respuesta en el lugar de los hechos. La crisis llega en un momento en que Seúl había prometido una inversión de 350 mil millones de dólares en EE.UU. en julio, en un intento de aliviar las amenazas arancelarias y fortalecer las relaciones económicas bilaterales.

Este incidente pone en evidencia las tensiones que puede generar la política migratoria estadounidense, especialmente en medio de un contexto de crecientes inversiones extranjeras en el país, y subraya la necesidad de mecanismos que protejan los derechos de los inversores y ciudadanos extranjeros en EE.UU.