Subcomisión del Congreso cierra investigación contra Patricia Benavides por corrupción

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República decidió este viernes archivar la denuncia constitucional contra Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, presentada por la actual titular del Ministerio Público, Delia Espinoza. La decisión se tomó sin debate previo, con una votación dividida en 7 votos en contra, 6 a favor y 2 abstenciones, lo que llevó al cierre del proceso.

El informe final, elaborado por el abogado Sergio Bringas, recomendaba continuar con la investigación por presuntos delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal. Sin embargo, la falta de discusión pública generó reproches en varios sectores políticos y sociales que aguardaban un debate abierto sobre la acusación.

Durante la sustentación, Bringas argumentó que la denuncia cumplía con los requisitos formales y contenía indicios razonables que permitían sospechar la comisión de los delitos imputados. Entre las pruebas destacadas, mencionó la supuesta interferencia de Benavides en el proceso de nombramiento de fiscales provisionales, con la finalidad de beneficiar a investigados por el Ministerio Público. Según su relato, existiría un patrón de intercambio de favores y tráfico de influencias con actores externos a la fiscalía.

El caso central de la denuncia implica la designación del fiscal Abelardo César Caycho Ramis como fiscal provincial provisional en Santa Rosa, Lima Noreste. La denuncia sostiene que Benavides presionó al presidente de la Junta de Fiscales de esa región para incluir a Caycho en la terna, a pesar de su falta de experiencia, en una supuesta operación de negociación ilícita. La investigación vincula esta maniobra a un acuerdo con el abogado Jefferson Moreno Nieve, en representación del investigado Jorge Luis Castillo Alva, implicado en el caso de los Cuellos Blancos del Puerto.

Se señala que la designación de Caycho favoreció directamente a Castillo Alva, quien mantenía una denuncia en curso contra Walter Ríos Montalvo, ex presidente de la Corte del Callao. La intención sería influir en la investigación mediante la colocación de un fiscal de confianza, lo cual vulneraría la autonomía del sistema judicial.

Uno de los elementos clave en el presunto acuerdo sería el informe pericial telefónico elaborado por el efectivo policial Jorge Rodríguez Menacho, que habría sido favorable a Benavides. Este informe, presentado ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), buscaba desmontar vínculos entre Patricia Benavides y Edwin Camayo Valverde, acusado de ser operador de los Cuellos Blancos, señalando que no existían comunicaciones entre sus teléfonos.

Patricia Benavides, por su parte, intenta volver a su cargo mediante una resolución de la JNJ, cuya legalidad está siendo cuestionada. La fiscal de la Nación acusada también busca que se la aparte de la función pública, alegando irregularidades en el proceso.

Este caso representa un episodio más en la controversia que rodea a la gestión de Patricia Benavides y las investigaciones sobre posibles irregularidades en la fiscalía. La decisión del Congreso de cerrar la denuncia sin un debate público ha generado críticas y ha puesto en discusión la transparencia en los procesos judiciales y políticos del país.