Sunedu cierra siete universidades en 2025, dejando incertidumbre entre estudiantes

Dos universidades sin licencia de Sunedu cerrarán definitivamente en los próximos dos meses

Anuncio oficial de cierre de siete universidades en 2025

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) anunció el cierre definitivo de siete universidades en el transcurso de 2025 debido a que no cumplen con las condiciones básicas de calidad.

Esta medida forma parte del proceso de supervisión iniciado en el marco de la Ley Universitaria, que busca garantizar la calidad de la educación superior en el país. La resolución afecta a instituciones de diferentes regiones y tiene un impacto directo en miles de estudiantes.

Universidades afectadas y criterios de evaluación

Según la resolución emitida por Sunedu, las instituciones que cerrarán son:

• Universidad Alas Peruanas (marzo)
• Universidad José Carlos Mariátegui (abril)
• Universidad Peruana de Ciencias e Informática (abril)
• Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (julio)
• Universidad Científica del Perú (agosto)
• Universidad Privada San Carlos (agosto)
• Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (diciembre)

Cada caso fue evaluado en función de criterios relacionados con infraestructura, investigación y gestión académica. La inspección reveló deficiencias significativas en todos estos aspectos.

Principales hallazgos en las instituciones sancionadas

La Sunedu identificó patrones comunes en las universidades sancionadas, entre ellos:

• Infraestructura educativa deficiente
• Laboratorios incompletos o sin equipos funcionales
• Servicios básicos ausentes o en condiciones precarias
• Falta de garantías para la seguridad de estudiantes y personal

Además, la inspección evidenció trabajos de construcción sin concluir, la carencia de protocolos de seguridad y la ausencia de accesos a servicios esenciales como agua potable, internet y telefonía.

Situación de los locales y documentación

El análisis mostró que varias universidades no contaban con locales propios habilitados o no tenían la documentación requerida para operar legalmente. Esta problemática se presentó tanto en capitales departamentales como en filiales provinciales.

Falta de inversión en investigación y debilidades administrativas

Otro aspecto crítico fue la incapacidad de las instituciones para desarrollar una política sólida de investigación universitaria. Los informes confirmaron la inexistencia de procedimientos claros para priorizar, seleccionar o supervisar proyectos científicos.

En muchos casos, las universidades ejecutaron menos del 10 % del presupuesto destinado a investigación, limitando la creación de conocimiento y la formación académica de los estudiantes.

En cuanto al cuerpo docente, se detectó la presencia de docentes bachilleres fuera de plazo, baja proporción de plazas a tiempo completo y la ausencia de concursos meritocráticos para nuevas contrataciones.

Las estadísticas revelaron que la densidad de profesores a tiempo completo no superó el 25 %, porcentaje que impacta negativamente en la calidad académica y en la atención personalizada.

Limitaciones en servicios complementarios y transparencia institucional

Los mecanismos de bolsas de trabajo y convenios de empleabilidad mostraron un alcance limitado, beneficiando de manera desigual a diferentes carreras y sedes. En muchos casos, estos programas no funcionaron de forma continua ni lograron resultados concretos en la inserción laboral de los egresados.

Por otro lado, los servicios complementarios como actividades deportivas, culturales, atención médica y asesoría ambiental fueron discontinuos o inexistentes, según los expedientes de Sunedu. Algunas instituciones no asignaron fondos para sostener estos programas, dejando vacíos importantes en la experiencia estudiantil.

En materia de transparencia, se detectaron datos desactualizados o inconsistentes en los portales oficiales, dificultando la fiscalización y el ejercicio de derechos por parte de los estudiantes.

Procedimientos y garantías para los estudiantes

Las universidades afectadas han recibido la resolución formal de cierre y deberán implementar sus planes para garantizar la reubicación de los estudiantes y la entrega de sus grados académicos.

Conclusiones

La decisión de cerrar estas universidades refleja un compromiso firme con la mejora de la calidad educativa en el país. Sin embargo, también plantea desafíos importantes en cuanto a la protección de los derechos de los estudiantes y la continuidad de su formación académica. La supervisión y fiscalización continuarán siendo clave para garantizar que las instituciones remanentes cumplan con los estándares exigidos.