Transportistas anuncian paro radicalizado para el 2 de octubre, advierte Anitra

## Transporte en Perú anuncia paro nacional por aumento en extorsiones y delitos

Este jueves 2 de octubre, diversas asociaciones y gremios del transporte urbano de Lima, Callao y otras regiones del Perú llevarán a cabo un paro nacional. La medida responde al incremento de extorsiones y delitos violentos que enfrentan los conductores en sus labores diarias. La convocatoria ha sido respaldada por más de 70 empresas, que decidirán suspender sus operaciones en señal de protesta.

Voceros como Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, y Martín Valeriano, representante de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), señalaron que la acción busca visibilizar la gravedad de la situación y presionar a las autoridades para que tomen medidas inmediatas. Ambos líderes coincidieron en que la problemática requiere una respuesta urgente para garantizar la seguridad de los conductores y sus familias.

## Propuestas y demandas del gremio

Héctor Vargas explicó a Exitosa Noticias que una de las principales propuestas del gremio es la creación de una unidad de élite en Lima, Callao y Trujillo, integrada por miembros de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. El objetivo de esta unidad sería combatir de manera efectiva la extorsión y el sicariato que azotan al sector. Según estimaciones del gremio, aproximadamente el 90 % de las empresas de transporte público han sido víctimas de hostigamiento por parte de organizaciones criminales.

El paro afectará a más de 490 empresas, incluyendo las 70 afiliadas a la Coordinadora de Transporte Urbano y las 53 que forman parte de Anitra. Además, algunos grupos planean realizar marchas y presentar propuestas legislativas ante el Congreso de la República. Vargas destacó que la movilización no solo busca protestar por la inseguridad, sino también llamar la atención de la ciudadanía y proponer soluciones concretas.

## Contexto y antecedentes de las protestas

Tanto Vargas como Valeriano rechazaron la idea de que los conductores porten armas como medida de defensa. Su enfoque principal es la creación de una unidad especializada contra el crimen organizado, que sería implementada en un plan piloto en las principales ciudades afectadas, con supervisión de organismos como la SUNAT y la Contraloría General de la República.

Estas protestas no son nuevas. Vargas recordó que el sector ha realizado paros desde el año pasado, incluyendo uno en 2023, y que, pese a ello, la problemática persiste. Los gremios atribuyen la falta de soluciones a problemas estructurales como la corrupción, que identifican dentro de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

## Advertencias y posibles escaladas

En un comunicado difundido el martes 30 de septiembre, la Asociación Nacional de Integración de Transportistas advirtió que la protesta del 2 de octubre podría intensificarse si las autoridades no atienden sus demandas. El consejo directivo de Anitra afirmó que, en caso de no obtener resultados favorables a corto plazo, se verían en la obligación de radicalizar sus acciones y suspender indefinidamente el servicio de transporte.

Asimismo, la organización responsabilizó directamente a las instituciones del Estado por cualquier daño que puedan sufrir los conductores o sus familias durante el paro, señalando que «toda agresión a la integridad de nuestros operadores y familiares será consecuencia directa de la ineptitud de las autoridades». Entre sus principales exigencias están el cese de las extorsiones, soluciones inmediatas a la inseguridad en el sector y la pronta implementación de acuerdos entre el Gobierno y los gremios de transporte.

Los transportistas también demandan atención a reclamos relacionados con cupos, cobros indebidos y el aumento de crímenes en las últimas semanas. En sus comunicaciones, instan al Ejecutivo a entablar un diálogo urgente y a adoptar medidas concretas para mejorar la seguridad tanto de pasajeros como de operadores. La expectativa es que las autoridades actúen prontamente para frenar la ola de violencia y extorsión que afecta al sector transporte en el país.