Transportistas cancelan huelga en Lima y Callao por amenazas de la ATU

El paro de conductores del transporte público en Lima y Callao, convocado inicialmente para los días 24 y 25 de julio, fue finalmente suspendido debido a presuntas amenazas y represalias por parte de empresas del sector y funcionarios públicos, según denunció la Asociación Nacional de Conductores del Perú (ANCP). El gremio, a través de un comunicado firmado por su presidente, Miguel Palomino Pedraza, expresó su profunda disculpa a la ciudadanía y a los usuarios del transporte, lamentando no poder realizar la movilización que buscaba exigir mejores condiciones laborales, denunciar la violencia a la que enfrentan diariamente los conductores y pedir justicia por los asesinatos que han afectado al sector.

Palomino explicó en diálogo con Infobae Perú que la decisión de cancelar la protesta fue motivada por un ambiente de intimidación y presión constante. Según relató, recibieron amenazas explícitas, como advertencias de que si no continuaban trabajando, serían excluidos y podrían sufrir represalias, incluso siendo expulsados de algunas rutas. Además, mencionó que a él mismo le prohibieron ingresar a la empresa donde laboraba desde el año pasado. Estas amenazas, agregó, están relacionadas con una campaña de amedrentamiento que busca limitar la protesta social de los conductores.

El dirigente señaló que la coacción no solo llega desde los empresarios, sino también desde la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y el Ministerio del Interior, que, según afirmó, han intervenido en varias ocasiones, reuniéndose con las empresas y conminándolas a mantener sus operaciones o enfrentar sanciones. La promesa gubernamental de invertir 112 millones de soles en medidas de seguridad, como la instalación de cámaras en los vehículos, aún no se ha materializado, pese a las reiteradas promesas del Ejecutivo.

Este movimiento de protesta se originó tras el asesinato del conductor Carlos Advíncula Nieto, ocurrido en circunstancias violentas por un sicario que fingió ser pasajero. Para los conductores, este crimen refleja una serie de ataques sistemáticos que enfrentan, en un contexto donde trabajan sin protección ni respaldo efectivo del Estado. Palomino criticó la indiferencia de las autoridades frente a la ola de violencia y resaltó que las amenazas de muerte y la inseguridad afectan tanto a los conductores como a los pasajeros.

Miles de conductores participaron en una marcha en el centro de Lima, el pasado 10 de abril, en un acto que buscaba visibilizar sus demandas. Sin embargo, el gremio aclaró que no participará oficialmente en el paro nacional previsto para fin de mes, organizado por otros colectivos. Aunque algunos conductores podrían sumarse de forma individual, la ANCP reafirmó su compromiso de no dejar de trabajar, priorizando la protección de sus vidas tras las recientes muertes.

Palomino también informó que un comunicado previo, difundido erróneamente por otra organización, generó confusión respecto a la participación de la ANCP en futuras movilizaciones. A nivel estructural, el gremio continúa denunciando la falta de derechos laborales, seguridad social y jubilación, acusando al Estado y a las empresas de mantenerse indiferentes frente a la informalidad y la precarización del sector.

El gremio subrayó que su lucha no termina y que seguirán exigiendo condiciones laborales dignas, mayor seguridad contra el crimen organizado y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Pese a la convocatoria, la Autoridad de Transporte Urbano afirmó que el servicio en Lima y Callao se mantuvo con total normalidad, confirmando que no hubo interrupciones en el transporte público durante esos días.