Transportistas evalúan un paro de 48 horas entre el 15 y 17 de diciembre ante ola de violencia

Medidas urgentes ante la falta de resultados en el estado de emergencia

“El presidente de la República, José Jerí, se comprometió a que la situación cambiaría, pero este estado de emergencia no ha dado resultados”, lamentó Ojeda en declaraciones a América Televisión. Cabe recordar que el gremio se reunió con el premier Ernesto Álvarez tras el asesinato del conductor de un bus de la línea 20 en Chorrillos, en busca de una solución a la violencia que azota al sector.

El dirigente también cuestionó la efectividad del estado de emergencia. “No sirve para nada”, afirmó. Además, recordó que Jerí prometió instalar una mesa de trabajo para atender esta problemática, aunque aún no hay una fecha definida para ello.

Últimos ataques contra transportistas

Las acciones urgentes propuestas por los conductores responden a una serie de ataques recientes. En solo dos semanas, más de 25 buses de cinco empresas distintas fueron incendiados. La situación se agrava al conocerse que varias de estas compañías han sido víctimas de extorsión.

El 1 de diciembre, en la intersección de las avenidas Bertello y Carlos Izaguirre, en San Martín de Porres, se encontraron dos buses de la empresa La Estrella SAC completamente calcinados. El ataque ocurrió a las 2:30 a.m. en represalia contra algunos conductores, quienes pese a pagar entre S/20 y S/30 diarios como cupo, siguen siendo víctimas de amenazas y atentados.

Ojeda advirtió que los grupos criminales han amenazado con seguir quemando unidades si no reciben el dinero exigido. También se pronunció sobre el reciente asesinato de un conductor en Chorrillos, quien falleció tras recibir un impacto de bala. Aunque fue trasladado de urgencia al hospital Casimiro Ulloa, llegó sin signos vitales. “Si hablamos de octubre, la situación ahora está peor. Las familias de los fallecidos están en desgracia”, concluyó.

Demandas de los gremios de transporte

Martín Ojeda precisó que, junto a otros representantes del sector, solicitan con carácter de urgencia una reunión con el presidente José Jerí para exigir las siguientes medidas:

• Fortalecimiento inmediato de la Unidad Operativa contra la Extorsión, incluyendo dotación presupuestal, tecnología y personal especializado.
• Implementación efectiva del protocolo de reserva de denuncias y coordinación operativa con el Ministerio Público.
• Bloqueo y sanción de cuentas bancarias vinculadas a extorsiones, además de la investigación y sanción a proveedores que comercializan chips de forma fraudulenta.
• Aprobación urgente del reglamento de la Ley N° 32490, que contempla medidas extraordinarias contra el sicariato y la extorsión en el transporte público. También solicitan un informe sobre lo actuado para corregir las leyes que generan impunidad a los responsables.
• Revisión y posible modificación de las Leyes 31990, 32108 y 32181.
• Establecimiento de una política de acción legal y control territorial frente a la participación de extranjeros en actividades delictivas.
• Transparencia en los resultados interinstitucionales de la Policía Nacional, Fiscalía y Poder Judicial, respecto a los delincuentes detenidos, encarcelados, enjuiciados y sentenciados.

Los representantes del transporte urbano, agrupados en diferentes regiones del país, expresaron su profundo malestar por la ineficacia del Estado para garantizar su seguridad. Como medida de presión, dieron un plazo de 7 días hábiles para presentar un plan maestro de acción contra la inseguridad. De no obtener respuestas o compromisos concretos, anunciarán la convocatoria a un paro de transporte urbano de 48 horas.

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