Tribunal Constitucional blinda a Dina Boluarte: suspende investigaciones y limita acciones del Poder Judicial durante su mandato

El TC decide proteger a la presidenta y suspende investigaciones

Reacciones y opiniones de expertos

La resolución del TC ha sido objeto de críticas y análisis por parte de diversos sectores. La abogada Beatriz Ramírez expresó su desacuerdo y cuestionó si este retroceso en la protección legal sería conveniente, considerando los serios cuestionamientos de corrupción que enfrentan quienes ejercen la Presidencia. En su opinión, la estrategia de presentar la causa ante el Tribunal parecía una maniobra para evitar que la justicia actúe en investigaciones relevantes.

Por otro lado, la abogada constitucionalista también reflexionó sobre la importancia de que la Presidenta pueda defenderse de manera individual, en lugar de recurrir a un blindaje judicial que limita las investigaciones. Según ella, esto puede afectar el avance de casos de corrupción y el acceso a la verdad en temas de interés nacional.

Opiniones de expertos en derecho constitucional

El expresidente del TC, Ernesto Álvarez, valoró positivamente la sentencia y afirmó que evita que el presidente sea sometido a investigación preliminar, lo cual consideró correcto para proteger la dignidad del cargo. Álvarez resaltó que la decisión busca preservar los medios probatorios y la honorabilidad del Estado, sin afectar la presunción de inocencia.

Asimismo, el constitucionalista Natale Amprimo también se mostró favorable con la sentencia, destacando que permite a la Fiscalía continuar con diligencias como tomar declaraciones, siempre que no dañen la dignidad presidencial. Amprimo criticó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presentar múltiples denuncias constitucionales contra Boluarte, y defendió la decisión del Tribunal como un equilibrio necesario para respetar la Constitución y el Estado de Derecho.

Implicaciones y contexto legal

El fallo del Tribunal Constitucional marca un precedente importante en la protección de los presidentes en funciones. La resolución busca equilibrar la necesidad de investigar posibles delitos sin vulnerar la dignidad del cargo presidencial. Sin embargo, genera debates sobre los límites de la justicia y la protección de la institucionalidad democrática en Perú. La discusión continúa, mientras la opinión pública y los expertos analizan las consecuencias de esta decisión en el marco político y judicial del país.