Tribunal Supremo de Bolivia anula el juicio contra Leopoldo Fernández por vulneración del debido proceso en el caso Porvenir

Decisión histórica del TSJ en Bolivia

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia anunció la anulación del juicio penal contra Leopoldo Fernández, líder opositor y ex prefecto de Pando, después de 17 años de proceso judicial. La corte argumentó que en el juicio se vulneró el debido proceso, lo que llevó a la decisión de dejar sin efecto la condena. Fernández fue sometido a un proceso en 2008, pero las autoridades determinaron que no correspondía un juicio de responsabilidades, sino un proceso ordinario, como establece una sentencia constitucional vinculante.

El presidente de la Sala Penal del TSJ, Carlos Ortega, informó que la causa será enviada a la Fiscalía General del Estado para que inicie los procedimientos correspondientes bajo el marco del fuero especial. Ortega resaltó que la jurisdicción ordinaria no tenía competencia para procesar a Fernández, ya que los hechos que se le imputaron ocurrieron en 2008, cuando aún ejercía el cargo de prefecto. La decisión se basa en la Sentencia Constitucional 405/2023-S4, que establece que los ex prefectos deben ser juzgados por la vía del juicio de responsabilidades cuando los delitos están relacionados con sus funciones.

## Caso Porvenir y su impacto en Bolivia

Fernández fue procesado por el caso Porvenir, uno de los episodios más trágicos y polémicos en la historia reciente del país. El 11 de septiembre de 2008, en Pando, una emboscada de campesinos afines al gobierno de Evo Morales resultó en la muerte de al menos diez personas y varias heridas. Los hechos ocurrieron cuando estos campesinos se dirigían a una reunión convocada por la Prefectura de Pando, lo que generó una fuerte condena por parte del gobierno, que calificó el incidente como una «masacre» política.

En respuesta a la violencia, el gobierno de Morales decretó el estado de sitio en Pando y envió fuerzas militares para tomar control de la región. Fernández fue detenido y acusado de genocidio, asesinato, terrorismo y otros delitos relacionados. La polarización en Bolivia aumentó, ya que para algunos sectores, los hechos fueron un acto criminal impulsado por la oposición de derecha, mientras que otros consideraron que la respuesta estatal fue excesiva y con fines políticos para silenciar a la oposición.

El proceso judicial culminó en 2017 con una sentencia de 15 años de cárcel para Fernández por homicidio. Entre 2008 y 2013, estuvo en prisión preventiva, y posteriormente cumplió arresto domiciliario hasta 2019.

## Contexto político y perspectivas futuras

La reciente decisión del TSJ ha sido vista por algunos analistas y abogados en Bolivia como un precedente que podría beneficiar a otros políticos detenidos por casos similares. Entre ellos, figuras como la ex presidenta Jeanine Añez y el ex dirigente cívico Luis Fernando Camacho, cuya situación judicial también genera controversia.

El expresidente y candidato Jorge Quiroga acompañó a Fernández en un acto en Cobija, Pando, donde elogió su «coraje y dignidad». Fernández expresó su respaldo a Quiroga de cara a las próximas elecciones presidenciales, que se celebrarán el próximo domingo.

Por su parte, la ministra de Justicia, Jessica Saravia, afirmó que el gobierno analizará los fundamentos jurídicos del fallo antes de emitir una posición oficial. La decisión del TSJ abre un debate sobre la justicia y los derechos políticos en Bolivia, en un contexto de fuerte polarización y tensiones políticas que aún persisten en el país.