Tribunal Supremo de Bolivia ordena revisión urgente de detenciones de Añez, Camacho y Pumari por crisis política de 2019

El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ordena verificar los plazos de detención preventiva en casos políticos

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia emitió este viernes una resolución que requiere la revisión inmediata de los plazos de detención preventiva en todos los procesos judiciales abiertos contra Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari. Estos son los principales acusados relacionados con la crisis política de 2019, que derivó en la renuncia del expresidente Evo Morales.

La decisión, firmada por el presidente del TSJ, Romer Saucedo, exige a los Tribunales Departamentales de Justicia que procedan con una revisión en un plazo de 24 horas desde que reciban la notificación. La medida busca garantizar que los plazos de la detención preventiva se ajusten a los límites establecidos por la ley y la Constitución.

Revisión de los casos y declaraciones del TSJ

El documento instruye que, “inclusive de oficio”, los jueces departamentales deben verificar si los acusados han cumplido con los límites de tiempo en prisión preventiva, según sus facultades constitucionales y legales. El TSJ aclara que esta orden no significa una intromisión en las funciones judiciales, sino que refleja la máxima expresión de independencia judicial, donde las resoluciones deben tomarse sin presiones ni injerencias externas.

La medida surge en medio de múltiples procesos judiciales contra Áñez, Camacho y Pumari, quienes enfrentan cargos relacionados con hechos ocurridos en 2019, año en que se produjeron protestas masivas y denuncias de fraude electoral tras la cual Morales dejó el poder. Áñez fue condenada a 10 años de prisión en un caso conocido como “golpe de Estado II”, en el que se señala que asumió la presidencia de manera ilegal. Además, enfrenta otros siete procesos judiciales activos. En tanto, Camacho y Pumari están en detención preventiva en el caso denominado “golpe de Estado I”, aunque los juicios están paralizados a la espera de que el Tribunal Constitucional revise la tipificación del delito de terrorismo.

Impulso a la justicia y reacciones

El instructivo también señala que, tras la revisión, los jueces deben resolver conforme a la normativa vigente, lo que podría implicar la liberación de los acusados si se acredita que ya han transcurrido los plazos máximos de la detención preventiva. En palabras de Saucedo, “el juez equitativo es aquel que, sin transgredir la ley, analiza las particularidades del caso y resuelve en coherencia con los valores del ordenamiento jurídico”.

Por su parte, Jeanine Áñez expresó su satisfacción con la medida a través de sus redes sociales. En sus palabras, “Después de 4 años y medio, el Tribunal Supremo de Justicia instruye actuar en derecho. No es un triunfo, es una reparación; no es un regalo, es un derecho que, aunque llega tarde, recibo con alegría y esperanza en que la justicia ahora pueda devolvernos la confianza”.

La exmandataria también afirmó que “liberada de la injerencia del MAS y del Ejecutivo, la justicia debe restituir los derechos y garantías que nos fueron vulnerados”. Además, criticó que la Fiscalía también debería actuar en igualdad, ya que, según su versión, fueron perseguidos y encarcelados fuera del marco constitucional por instrucciones del oficialismo para eliminar a los defensores de la democracia.

Contexto electoral y perspectivas futuras

Este anuncio coincide con los resultados de las recientes elecciones generales en Bolivia, donde el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y la Alianza Libre lograron avanzar a la segunda vuelta, dejando fuera al Movimiento al Socialismo (MAS). La decisión del TSJ genera expectativas sobre posibles cambios en los procesos judiciales contra figuras opositoras, en un escenario de mayor polarización política.

El abogado constitucionalista William Bascopé explicó que la orden refleja un principio de celeridad y transparencia en la administración de justicia, buscando que los procesos sean justos y respetuosos de los derechos de los acusados. La medida busca, además, reforzar la confianza en el sistema judicial, que ha sido fuertemente cuestionado en los últimos años por su presunta parcialidad y uso político.

La decisión del TSJ marca un paso importante en la revisión de casos políticos en Bolivia y refleja un compromiso con la legalidad y el respeto a los derechos humanos, en un momento de profunda transformación política en el país.