Trump firma orden para desalojar a personas sin hogar de las calles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que representa una nueva escalada en la lucha contra la crisis de vivienda en el país. La medida otorga a los gobiernos locales la facultad de remover a las personas sin hogar de las calles e internarlas en centros de tratamiento sin su consentimiento, siempre que padezcan enfermedades mentales o supongan un riesgo para la comunidad.

Este decreto marca un cambio significativo en la política federal respecto a la indigencia, poniendo el énfasis en la seguridad pública. En su mensaje, Trump afirmó que trasladar a las personas en situación de calle a instituciones de larga estancia permitirá brindarles un trato más humano y, al mismo tiempo, restablecer el orden público. La orden también instruye a la fiscal general, Pam Bondi, a iniciar acciones legales para revertir los fallos judiciales que limitan la autoridad de los gobiernos locales y estatales en estos traslados. Además, se le pide que brinde apoyo legal a las administraciones que implementen internamientos civiles, argumentando que algunos individuos no pueden cuidarse a sí mismos.

La normativa contempla además la priorización de fondos federales en aquellas jurisdicciones que refuercen la aplicación de las prohibiciones contra el consumo abierto de drogas, la presencia de personas merodeando y las ocupaciones en espacios urbanos. La medida sigue una línea similar a una anterior de marzo, cuando Trump ordenó al Servicio de Parques Nacionales eliminar campamentos de personas sin techo en terrenos federales y remover grafitis en sus instalaciones.

Según datos de la Casa Blanca, en una sola noche de 2024, más de 274,000 personas vivían en las calles de Estados Unidos, la cifra más alta registrada hasta ahora. La administración justifica la orden como parte de una estrategia nacional para enfrentar el crecimiento de la indigencia, especialmente en ciudades como Los Ángeles, San Francisco y Nueva York.

No obstante, la medida ha generado preocupación entre organizaciones de derechos civiles y expertos en salud mental. La falta de mecanismos de revisión judicial y garantías legales para las personas removidas ha sido criticada por considerarse una vulneración del derecho al debido proceso y un posible refuerzo de la criminalización de la pobreza. Diversos grupos argumentan que la política es punitiva y no aborda las causas estructurales que generan la crisis habitacional, ni ofrece soluciones sostenibles.

Por su parte, Trump insiste en que la iniciativa busca garantizar el orden y la seguridad pública, en línea con su narrativa electoral. La medida podría fortalecer su apoyo en sectores conservadores preocupados por el deterioro del entorno urbano, aunque también podría generar tensiones con sectores progresistas y gobiernos locales que han optado por enfoques más integrales para solucionar el problema de la indigencia.