La resolución del Tribunal Superior de Bogotá, que en segunda instancia revocó la sentencia de 12 años de prisión contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha generado diversas reacciones en el ámbito político de la región. La decisión fue tomada en relación con los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Tras conocerse el fallo, la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) expresó su satisfacción mediante un comunicado oficial. La organización destacó que la Sala Penal, con votos favorables de los magistrados Manuel Antonio Merchán y Alexandra Ossa, y con el salvamento de voto de Leonor Oviedo, desestimó los cargos en segunda instancia contra Uribe, tras analizar las pruebas presentadas durante el proceso.

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“Desde UPLA celebramos la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que, con una crítica contundente a la sentencia de primera instancia, absolvió al presidente Uribe de los cargos falsos en su contra”, afirmó la organización. La UPLA, que representa a partidos y movimientos de 18 países de América Latina, actúa como la rama regional de la Unión Internacional Demócrata (IDU).

Antecedentes de la Unión de Partidos Latinoamericanos

Fundada en 1992 en Cochabamba, Bolivia, la UPLA contó entre sus pioneros con el expresidente colombiano Andrés Pastrana Arango. La creación de esta organización respondió a la negativa de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) de aceptar partidos que no pertenecieran al movimiento demócrata cristiano. Actualmente, la UPLA agrupa a partidos de más de 20 países del continente.

Políticamente, la UPLA promueve valores como la libertad, la igualdad de oportunidades y el desarrollo regional. Por ello, sus pronunciamientos tienen repercusión en toda la región. En su comunicado, reafirmaron su respaldo y admiración por la trayectoria y liderazgo de Álvaro Uribe.

Decisión histórica del Tribunal Superior de Bogotá

El magistrado Manuel Merchán expuso durante más de cuatro horas los argumentos que llevaron a la absolución del expresidente. La decisión se basó en el análisis de las pruebas, concluyendo que no existía evidencia suficiente para demostrar la responsabilidad penal de Uribe en los delitos imputados.

El proceso judicial se inició a partir de denuncias sobre posibles manipulaciones de testigos para beneficiar la posición jurídica de Uribe en otros procedimientos. Sin embargo, las pruebas presentadas no lograron acreditar participación directa o indirecta del exmandatario en las conductas investigadas.

Durante el proceso, la defensa de Uribe argumentó que no existieron acciones ilegales y que las comunicaciones con los testigos respondían a estrategias jurídicas legítimas. Los magistrados, tras analizar las evidencias, concluyeron que no había suficiente prueba para responsabilizarlo, desestimando además que Uribe Vélez fuera el determinador de conductas atribuidas a su abogado, Diego Cadena.