Uruguay da vuelta a su promesa: impuestos más altos en el presupuesto 2024

Promesas de no incrementar impuestos versus cambios en el Presupuesto

Durante la campaña electoral de Uruguay en 2024, los principales candidatos a la presidencia aseguraron que no aumentarían los impuestos. Uno de los compromisos más destacados fue el de Yamandú Orsi, quien afirmó que no consideraban modificar el esquema tributario actual. Sin embargo, poco después de su elección, el proyecto de ley de Presupuesto reveló una serie de cambios en las políticas fiscales del país.

El documento, que establece las directrices para la gestión económica, propone la implementación de nuevos gravámenes, generando cierta incertidumbre en diversos sectores. Entre las medidas se encuentra un impuesto para las inversiones de uruguayos en el exterior y un gravamen sobre depósitos en el exterior. Además, se planea aplicar un impuesto al valor agregado (IVA) en compras realizadas a través de plataformas chinas como TEMU.

Impuesto mínimo global y su impacto en las empresas

Otra de las novedades en el proyecto es la incorporación del impuesto mínimo global, dirigido a las multinacionales que facturan más de USD 750 millones. La intención es que estas empresas tributen en Uruguay, independientemente de su país de origen, en línea con las directrices internacionales para evitar la erosión de bases impositivas.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, asistió al Parlamento para explicar los detalles del proyecto y reconoció que, aunque en campaña se prometió no aumentar la presión fiscal, esto finalmente ocurrió. “Dije que no iba a aumentar la presión fiscal, y está aumentando. Me hago cargo de eso”, afirmó en conferencia de prensa, admitiendo que las proyecciones fiscales iniciales estaban equivocadas.

Oddone explicó que la situación fiscal del país empeoró respecto a lo previsto, ya que las cifras del déficit superaron las estimaciones oficiales. Mientras que las proyecciones indicaban un déficit cercano al 2,8%, en realidad alcanzó el 4,1%, lo que calificó como un “espejismo fiscal”.

Reacciones del sector empresarial y preocupaciones futuras

La inclusión de estos cambios ha generado inquietud en el sector privado. Varias consultoras y estudios jurídicos han señalado al Ministerio de Economía y Finanzas que existen “inconsistencias” en el proyecto, especialmente en relación con el alcance del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico, también conocido como impuesto mínimo global.

Según informó el semanario Búsqueda, esta situación crea “incertidumbre” entre las empresas internacionales que operan en Uruguay. El gobierno busca que este tributo afecte solo a multinacionales que ya lo pagan en sus países de origen, pero el sector privado advierte que esta intención no queda claramente reflejada en el texto legislativo enviado al Parlamento.

La omisión ha sido calificada como “muy grave” por empresarios, quienes temen que grandes compañías instaladas en zonas francas puedan retirar sus inversiones del país. Además, existe el riesgo de que estas empresas presenten reclamaciones por la pérdida de beneficios fiscales, lo que podría afectar la seguridad jurídica que Uruguay presume tener.

Perspectivas y riesgos para la economía uruguaya

Desde la Cámara de Zonas Francas, estiman que unas 40 empresas tendrían que pagar el nuevo impuesto mínimo global. Consideran que su aplicación no sería neutral, ya que podría poner en peligro la inversión, el empleo y la recaudación fiscal del país. También temen que esta medida genere incertidumbre y desincentive la llegada de nuevas firmas.

El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios expresó que estas modificaciones podrían tener un impacto negativo en el entorno económico nacional. La discusión continúa en medio de un escenario donde el gobierno busca equilibrar sus necesidades fiscales con la estabilidad del sector empresarial, enfrentando además las críticas por las posibles implicancias en la seguridad jurídica y la competitividad internacional de Uruguay.