Uruguay enfrenta un sistema de seguridad social fragmentado y sin soluciones a largo plazo, mientras la clase política mantiene estructuras obsoletas

En Uruguay, el sistema de seguridad social enfrenta una profunda crisis que requiere atención urgente y una visión a largo plazo. Sin embargo, la clase gobernante, junto con los representantes de empleadores y trabajadores, parecen centrarse en soluciones a corto plazo, sin abordar las raíces del problema. La fragmentación de las entidades y la falta de una estrategia integral dificultan la implementación de cambios efectivos.

Una estructura fragmentada que dificulta la gestión

El sistema de seguridad social uruguayo está compuesto por múltiples entidades, tanto públicas como privadas, que operan de manera aislada. Actualmente, existen seis instituciones responsables de las jubilaciones y pensiones, divididas en tres de carácter paraestatal y otras tres estatales. Cada una tiene su propia estructura, financiación y forma de administración, lo que genera desigualdades y complicaciones en la gestión. Esta atomización impide una visión unificada y eficiente del sistema.

• Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB): para trabajadores del sector financiero y sus entidades afiliadas. Funciona como una caja paraestatal que incluye bancos, compañías de seguros y cooperativas.
• Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU): abarca a profesionales en diversas áreas, desde abogados hasta ingenieros y médicos, con un régimen paraestatal que cubre sus beneficios.
• Caja Notarial de Seguridad Social (CNSS): destinada a escribanos y empleados de los registros notariales.
• Caja Militar y la Caja Policial: instituciones estatales que cubren a personal retirado de las Fuerzas Armadas y la Policía, respectivamente.
• Banco de Previsión Social (BPS): la principal caja estatal que atiende a trabajadores del sector privado, empleados públicos, jubilados y pensionistas.

Desigualdades en la administración y financiamiento

Las diferencias en la gestión y financiamiento entre estas entidades son notorias. Algunas cuentan con directorios honorarios, mientras que otras tienen directorios remunerados con cargos como gerentes o jefes de área. La variedad en las formas de administración refleja la falta de un modelo unificado, lo que genera ineficiencias y duplicidades.

Además, la mayoría de estas instituciones financian sus operaciones mediante aportes de sus afiliados y, en algunos casos, con contribuciones adicionales sobre pasivos. Sin embargo, estos recursos no alcanzan para cubrir todos los gastos operativos ni las prestaciones que deben brindar, por lo que recurren a otras fuentes de financiamiento.

Inversiones y búsqueda de recursos adicionales

Para complementar sus fondos, las cajas paraestatales han realizado diversas inversiones en sectores como bienes raíces, agricultura, forestación y finanzas. La Ley Nacional Nº 20.208 permite a estas entidades tomar préstamos con organismos multilaterales y emitir deuda soberana. Por ejemplo, en 2024, la CNSS obtuvo un préstamo de US$25 millones del FONPLATA a una tasa del 5,97%, buscando cubrir déficits y fortalecer sus finanzas.

Todo esto evidencia que el sistema de seguridad social en Uruguay necesita una reestructuración profunda, que supere la fragmentación actual y garantice sostenibilidad a largo plazo. La falta de una visión integral y la continuidad en las soluciones temporales solo agravan la crisis, dejando en evidencia la necesidad de un cambio de paradigma.