Uruguay impulsa polémico proyecto de ley que elimina el secreto bancario y grava depósitos en el exterior para financiar su presupuesto

Reacciones y cambios en el proyecto de ley de Presupuesto en Uruguay

El reciente anuncio del proyecto de ley de Presupuesto en Uruguay, que establece las bases de la gestión del gobierno del presidente Yamandú Orsi, generó una serie de controversias. La propuesta, presentada al Parlamento, incluyó diversas modificaciones fiscales que despertaron críticas tanto de legisladores de oposición como del sector empresarial. Entre las medidas destacadas se encontraba un gravamen a los depósitos en el exterior y la imposición del IVA a plataformas como TEMU. Además, se estableció que se empezará a cobrar el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico, conocido también como impuesto global, a empresas que facturen más de 750 millones de euros anualmente.

Propuestas adicionales y recomendaciones internacionales

Otra de las novedades fue la propuesta del gobierno de eliminar la necesidad de una orden judicial para levantar el secreto bancario. La iniciativa, que busca facilitar la fiscalización, fue presentada en línea con recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La intención del Ministerio de Economía, dirigido por Gabriel Oddone, es seguir las directrices internacionales en materia de transparencia y lucha contra la evasión fiscal.

Estas medidas respondían a un marco de reformas tributarias que, en teoría, buscaban fortalecer la recaudación y la cooperación internacional. Sin embargo, las propuestas no fueron bien recibidas por muchos sectores, que las consideraron excesivas o invasivas. La resistencia llevó al gobierno a revisar y modificar varias de esas iniciativas para mitigar los efectos negativos y responder a las inquietudes planteadas.

El impacto de las reformas y las empresas afectadas

El equipo económico del gobierno acudió a la Cámara de Diputados para presentar las modificaciones al proyecto de ley. En el caso del impuesto global, el Ministerio aclaró que solo afectará a empresas con ingresos superiores a 750 millones de euros que actualmente pagan impuestos en su país de origen. Por ejemplo, la multinacional finlandesa UPM, que opera en Uruguay con dos plantas de celulosa, no sería afectada, ya que ya tributa en Finlandia y podrá presentar un certificado que reconocerá la administración tributaria finlandesa.

Por otro lado, empresas con matrices en países que no aplican este impuesto, como algunas compañías norteamericanas, como Pepsico, quedarían fuera del alcance del tributo en Uruguay. El ministro Gabriel Oddone explicó que, en esos casos, Uruguay ha garantizado que estas empresas no serán gravadas, dado que sus gobiernos no aplican el impuesto global.

Revisión del secreto bancario y reacciones políticas

Respecto a la propuesta de que la Dirección General Impositiva (DGI) pueda levantar el secreto bancario sin autorización judicial, la iniciativa fue criticada por la oposición. Como respuesta, el gobierno decidió modificar el artículo para requerir la intervención de un juez, quien tendrá un plazo de 10 días para decidir si autoriza el levantamiento del secreto. Si durante ese período no emite resolución, se entenderá que la autorización ha sido concedida automáticamente.

Este cambio busca equilibrar la necesidad de fiscalización con la protección de derechos constitucionales, en línea con las recomendaciones internacionales. Sin embargo, la discusión en el Parlamento continúa, y la aprobación definitiva del proyecto aún está en debate, con sectores políticos y empresariales atentos a futuras modificaciones.