Viudas de Saweto alertan riesgo de fuga tras condena ratificada y sentenciados libres

## Condenas confirmadas en el caso de los líderes indígenas asesinados en Ucayali

Tras más de una década desde el asesinato de cuatro líderes ashéninkas de la comunidad Alto Tamaya-Saweto, en Ucayali, la justicia peruana ha confirmado las condenas contra los responsables. El crimen ocurrió el 1 de septiembre de 2014 y terminó con la vida de Edwin Chota Valera, Francisco Pinedo Ramírez, Jorge Ríos Pérez y Leoncio Quintisima Meléndez. Estos dirigentes denunciaban la tala ilegal en su territorio y su asesinato generó una gran conmoción nacional e internacional.

El 25 de agosto de 2025, se dará a conocer la sentencia en este caso, después de que la justicia confirmara las condenas de 28 años y tres meses de prisión para cuatro de los acusados. La decisión fue ratificada en segunda instancia, consolidando así un avance en la lucha por justicia para las víctimas y sus familias. Sin embargo, la ejecución de la sentencia aún presenta obstáculos importantes.

## Estado actual de las condenas y riesgos de fuga

Pese a la ratificación de la condena, la ejecución del fallo permanece en suspenso. Los condenados no estuvieron presentes en la audiencia y, hasta la fecha, no han sido capturados. Esto ha generado preocupación entre las familias de las víctimas, quienes temen una posible fuga hacia Brasil, dada la cercanía y la historia de intentos previos de evadir la justicia.

Rocío Trujillo, abogada del caso, expresó su inquietud en declaraciones a Canal N: “Lo que falta ahora es que se ejecute la sentencia, que los capturen. No podemos esperar más”. La situación plantea un riesgo real de que los responsables puedan escapar y evitar cumplir con la condena, lo cual sería un revés para la justicia y la protección de los derechos indígenas.

## Proceso judicial y antecedentes

El proceso penal fue largo y estuvo marcado por diversos obstáculos. En 2023, la Sala Penal de Apelaciones de Ucayali anuló una primera sentencia debido a “defectos en la valoración de pruebas”, lo que obligó a reiniciar el juicio. Finalmente, en abril de 2024, se dictó una condena de 28 años y tres meses contra Hugo Soria Flores, José Estrada Huayta y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix, identificados como autores y autores intelectuales del crimen.

La reparación civil establecida fue de 100 mil soles por cada víctima, cifra que fue ratificada en segunda instancia. La defensa de las viudas solicitó un aumento a 250 mil soles, mientras que la Fiscalía propuso elevar la pena a 35 años. Ambos pedidos fueron rechazados por el tribunal, manteniendo las cifras originales.

## Situación de los condenados y riesgos futuros

La sentencia fue confirmada el lunes por la Corte Superior de Ucayali, pero los condenados no asistieron a la audiencia y actualmente permanecen en libertad. Esto ha intensificado las alertas sobre un posible intento de fuga, especialmente considerando que la frontera con Brasil es un espacio donde estos responsables podrían intentar escapar.

Jamer López, presidente de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), advirtió: “Tenemos información de que ya han intentado huir. La frontera es un espacio cultural y territorial compartido, lo que facilita su salida hacia Brasil. Si no se actúa de inmediato, la justicia podría volver a quedar impune”. Además, uno de los acusados, Eurico Mapes Gómez, ya ha sido declarado reo contumaz en etapas anteriores y continúa en paradero desconocido, lo que agrava aún más la situación.

## Conclusiones y desafíos pendientes

La lucha por justicia en este caso evidencia las dificultades del sistema judicial peruano para garantizar la efectiva ejecución de las condenas en casos de alta sensibilidad social y territorial. La falta de presencia de los condenados y las amenazas de fuga representan un reto importante para las autoridades, que deben actuar con rapidez y firmeza para evitar que estos responsables evadan la justicia. La comunidad indígena y las organizaciones de derechos humanos siguen vigilantes ante la posibilidad de que la impunidad vuelva a prevalecer en un caso emblemático como este.