Vladimir Cerrón, en fuga, solicita ser apartado de la investigación por supuestos fondos ilícitos a favor de Perú Libre

El exgobernador regional de Junín y actual prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, solicitó al Poder Judicial que lo aparte de la investigación en curso relacionada con presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales del partido Perú Libre, fundado por él mismo y con el cual llegó a la presidencia la mandataria actual, Dina Boluarte.

A través de su defensa legal, Cerrón presentó un recurso conocido como excepción de cosa juzgada, con la finalidad de impedir que la Fiscalía continúe procesándolo por los delitos de organización criminal y lavado de activos. El recurso fue presentado ante el juez Leodan Cristóbal Ayala, titular del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien ha convocado una audiencia virtual para evaluar el pedido el lunes 25 de agosto a las 9 de la mañana. La figura de cosa juzgada busca evitar que una persona sea juzgada de nuevo por un hecho que ya fue resuelto mediante sentencia firme, garantizando así la estabilidad de las decisiones judiciales y evitando litigios repetidos.

Este caso se suma a otros problemas legales que enfrenta Cerrón, quien desde octubre de 2023 se encuentra en la clandestinidad tras ser condenado a tres años y seis meses de prisión por colusión, sentencia que posteriormente fue anulada por la Corte Suprema. La fiscalía lo señala como líder de una red dedicada a cobrar ilegalmente fondos para financiar campañas electorales y pagar una condena por corrupción que le impidió postular en las elecciones presidenciales. En 2022, el Poder Judicial incautó más de tres millones de soles (unos 770,000 dólares) en cuentas bancarias vinculadas a Cerrón, su madre y su entorno cercano.

Por otra parte, tanto Boluarte como Cerrón enfrentan investigaciones por presunto lavado de activos y financiamiento prohibido durante la campaña electoral de 2021. La Fiscalía citó a la presidenta para declarar en octubre en relación con hechos ocurridos antes de que asumiera el cargo, cuando aún no gozaba de inmunidad parlamentaria. Una resolución fiscal revelada por Panorama indica que la investigación se originó tras un testimonio que asegura que Boluarte solicitó 150,000 soles a un empresario para financiar su candidatura, en una reunión supuestamente realizada en mayo de 2021, días antes de la segunda vuelta electoral. En esa reunión, habrían estado presentes allegados, entre ellos la fallecida Marcela Saldarriaga, considerada testigo clave, y el empresario Eduvigis Beltrán. Sin embargo, Beltrán negó en 2023 que dicha reunión haya ocurrido y que se haya solicitado dinero en ese contexto.

Estos casos reflejan la complejidad del escenario político y judicial en Perú, donde varias figuras públicas enfrentan investigaciones por financiamiento ilícito, corrupción y lavado de activos, en medio de una creciente tensión política y social.