NO ES LA CIRCUNSTANCIA MÁS APROPIADA PARA PEDIR UNA REORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

RCR, 20 de Junio 2025.- Alex Guerrero, exprocurador anticorrupción y abogado penalista, argumentó que es legítima la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de reponer a Patricia Benavides como Fiscal de la Nación. Guerrero afirmó que la resolución se ha emitido «dentro de las facultades constitucionales que tiene la Junta

En declaraciones a RCR, Guerrero también se pronunció sobre la posibilidad de reorganizar el Ministerio Público, sugiriendo que la propia junta de la institución sea la encargada de solucionar este asunto. Indicó que, aunque la intervención del Ministerio Público a través de una comisión o su reforma constituye una posibilidad, en las circunstancias actuales no las considera las opciones más apropiadas.

El especialista en derecho penal enfatizó que toda reforma debe establecerse sobre una base. En este sentido, reiteró su postura de que, si bien la reorganización o la intervención externa son opciones existentes, el momento actual no es el más oportuno para implementarlas, destacando la capacidad interna para abordar la situación

El abogado penalista sostuvo que la JNJ actuó «dentro de sus competencias constitucionales y legales» al ordenar reponer a Benavides como Fiscal de la Nación.

Según las declaraciones de Guerrero, la Junta, mediante sus argumentos y fundamentos en la resolución, decidió «declarar nula la resolución que la instituyó como fiscal suprema y como fiscal de la nación y la restituyen en el cargo de fiscal suprema y también como fiscal de la nación».

Guerrero subrayó la importancia de acatar estas decisiones en el marco de un estado de derecho, indicando que «se tiene que respetar y acatar las resoluciones no solo de la Junta Nacional de Justicia, sino de todos los poderes del Estado, sea poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y todos los organismos institucionales autónomos».

El especialista enfatizó que no se pueden desconocer o no acatar las «resoluciones de las autoridades tanto constitucionales como judiciales o inclusive resoluciones también inclusive políticas».

Para ilustrar este principio, mencionó ejemplos como las resoluciones emitidas por un presidente regional o un alcalde, las resoluciones del Poder Judicial, las disposiciones de la Fiscalía, o incluso las multas impuestas por la policía de tránsito. En caso de desacuerdo con una resolución, el procedimiento establecido en el estado constitucional de derecho es «interponer las acciones correspondientes».

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