Activista con enfermedad incurable y degenerativa es la primera en someterse a una eutanasia en Perú

Ana Estrada, una mujer de 47 años que sufría una enfermedad incurable y degenerativa, accedió al procedimiento de la eutanasia, siendo la primera realizada en Perú y una excepción a la ley que penaliza esta práctica en el país.

El caso de Ana se había tornado emblemático por ser la primera persona en reclamar el «derecho a morir dignamente» de forma asistida.

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“El domingo 21 de abril de 2024, Ana Estrada ejerció su derecho fundamental a una muerte digna y accedió al procedimiento médico de eutanasia”, indicó su abogada, Josefina Miró Quesada, en un comunicado difundido en la red social X (antes Twitter).

La activista y psicóloga “murió en sus propios términos, conforme a su idea de dignidad y en pleno control de su autonomía hasta el final”, agregó su representante legal sin dar más detalles.

¿Qué enfermedad sufría la activista?

El caso de Estrada permitió que la justicia peruana considerara por primera vez la posibilidad de una eutanasia, pese a que la práctica está penalizada con hasta tres años de privación de libertad.

En julio de 2022, la Corte Suprema de Justicia de Perú ratificó la sentencia adoptada por un juzgado de Lima en febrero de 2021, la cual reconoció el derecho a morir de Estrada y ordenó a la autoridad sanitaria satisfacer su pedido.

Estrada sufría desde los 12 años poliomistiosis incurable, que provoca una debilidad muscular progresiva. Por ello, debió usar silla de ruedas desde los 20 años, según medios peruanos.

«La enfermedad ha ido avanzando en estos cuatro años desde que empecé esta lucha por la muerte digna el 2019», declaró el año pasado a la radio RPP.

«Quiero que se me respete a mí en cuanto a mis decisiones y a mi derecho que me he ganado. El derecho es para quien lo necesite», recalcó.

En América Latina, la eutanasia está despenalizada en Colombia (1997) y en Ecuador desde 2024. En tanto, Uruguay, Chile y Cuba discuten proyectos al respecto, mientras que en México existe la ley del «buen morir» que autoriza al paciente o su familia a solicitar que la vida no sea prolongada por medios artificiales.