“Los muertos no votan”, señaló recientemente el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, al justificar la presencia de fallecidos y personas impedidas de votar en el padrón electoral usado para las elecciones generales del 2021; sin embargo, para la excongresista Yeni Vilcatoma, si bien los muertos no votaron, “sus votos sí se computan y se contabilizan en el resultado final”.
Esto se debe a que existe una organización criminal en el sistema electoral peruano que utiliza el registro de fallecidos, de menores de edad y de quienes han renunciado a la ciudadanía, para usarlo como un bolsón de votos que ofrecen al partido político mejor postor o con los que tienen intereses afines.
Así se desprende de la denuncia penal, presentada ayer al fiscal superior coordinador de las Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, en la que solicita el inicio de diligencias preliminares por la comisión del delito de organización criminal, fraude electoral y otros que afectan el desarrollo normal del proceso electoral y vulneran ilegalmente la voluntad popular.
La denuncia presentada es contra Piero Corvetto Salinas, actual jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); Roberto Carlos Montenegro Vega, gerente de Informática y Tecnología Electoral; Yessica Elisa Clavijo Chipoco, directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, y Luis Irribaren Lazo, exjefe del Reniec, como parte de la organización criminal.
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